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Ya que me han desafiado vamos a ver quien es Macri

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  • Ya que me han desafiado vamos a ver quien es Macri

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    No voy hacer comentarios porque en realidad se me pidió pruebas:





    martes 6 de octubre de 2009

    Macri y El Negocio Inmobiliario



    Los anticipos financieros y los fondos para acopiar materiales que reciben las empresas, al menos en la cartera que conduce el arquitecto Daniel Chaín en el gobierno de la ciudad, se han convertido en moneda corriente gracias a las resoluciones internas 243 y 276 del 2008. Algunas de las sociedades que se adjudicaron trabajos cobraron esos adelantos de hasta un 25 por ciento por un monto cercano a los 50 millones de pesos. Entre ellas está Miavasa SA, con el antecedente de una quiebra decretada en 2007 y hoy con riesgos de insolvencia. Esta política dadivosa no se compadece con la entrega de las obras en término, como ocurre con la Ciudad de la Música, un viejo edificio de la ex compañía Italo de electricidad que remodela Caputo SAICyF. Arrancó con un contrato en 2005 por 54.448.126,75 pesos y con las sucesivas redeterminaciones de precios –la llave con que las constructoras obtienen pingües ganancias– el costo rondaría ahora los 100 millones.

    En la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo, es vox populi cómo se le brinda trato preferencial a los certificados de obra que presenta para el cobro la constructora donde es accionista el empresario Caputo. Se trata del mismo que fue nombrado por Macri como asesor mediante el decreto 2144 en diciembre 2007, pero que se vio empujado a renunciar cuando la diputada porteña Gabriela Cerruti lo denunció por funciones incompatibles como funcionario y contratista del Estado. El 24 de enero de 2008 fue dado de baja por otro decreto (el 79/08).

    El jueves pasado, Caputo SAICyF, con domicilio en Paseo Colón 221, 2º piso, entregó en el ministerio de Chaín varios certificados por redeterminaciones de precios correspondientes a la Ciudad de la Música, un emprendimiento que a fines de mayo de este año sólo estaba concluido en apenas el 29,77 por ciento. Sin embargo, en base al monto con que se proyectó la obra en 2005 (54.448.126,75 pesos) se le extendieron 8.166.674,68 pesos en materiales y 4.814.560 como anticipo financiero, lo que representa un 11,57 por ciento de aquel total.

    Los certificados de acopio o los adelantos de dinero del Estado a las empresas son una práctica frecuente para financiar la obra pública. En teoría, deberían entregarse antes de comenzar los trabajos. Contra la paga de esos fondos, las compañías sacan una póliza de caución, aunque no en todas las licitaciones aparecían estas ventajas para las constructoras. Lo que el PRO hizo en el año y diez meses que lleva en el gobierno porteño fue otorgarle discrecionalidad a esta práctica. Y lo consiguió más allá de las resoluciones ministeriales de Desarrollo Urbano, gracias al decreto 948 que firmó Macri el 30 de julio de 2008.

    Por él, autorizó a todos sus ministros a “aprobar en los contratos de obras públicas y/o servicios de mantenimiento regidos por la Ley 13.064, un pago especial a cuenta del precio total de la obra, de hasta el treinta por ciento (30 por ciento)...” siempre que se arbitren los recaudos presupuestarios necesarios y se requieran las cauciones y garantías correspondientes. “A los fines de la orden de pago respectiva, en el presente caso no será necesario certificar el grado de avance de la obra”, señala el artículo 3º del decreto. Eso y no controlar es más o menos lo mismo.

    Una de las justificaciones esgrimidas por el jefe de Gobierno para modificar los contratos de las construcciones emprendidas y las actas de predeterminación de precios fue que “existen diversas obras adjudicadas que se han visto interrumpidas por circunstancias de diversa índole acaecidas durante el ejercicio anterior, y cuya continuidad en la actualidad se encuentra supeditada a la necesidad de reactualizar aquellas condiciones en las que tuvieran inicio, las que producto del transcurso del tiempo han mutado tanto en cuanto al desgaste físico y material de la obra como a las previsiones de naturaleza financiera”.

    El párrafo cuestiona la paralización de las obras que, como la Ciudad de la Música, había determinado el anterior jefe de Gobierno, Jorge Telerman. Levantada en el barrio de La Boca, junto a la autopista Buenos Aires-La Plata, “debería estar terminada hace tiempo”, confió una fuente de Desarrollo Urbano. Allí, según las previsiones de Macri, en julio de 2010 debería estar instalada la Orquesta Filarmónica de la ciudad que no tiene un lugar estable donde desempeñarse. La sala principal albergará a 1300 personas y otra más pequeña, de cámarán, tendrá capacidad para entre 200 y 300. Allí también funcionará un Museo de la Música, una biblioteca especializada, salas de grabación, un salón de exposición y el Instituto de Altos Estudios Musicales, entre otras obras.

    El emprendimiento que procura terminar la constructora Caputo es uno de los que motivó un proyecto de resolución del diputado Gonzalo Ruanova, quien pretende saber por qué recibió un anticipo financiero y acopio de materiales cuando, según la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura de Desarrollo Urbano no estaría incluida en el listado de obras que contemplaban aquellos beneficios en los pliegos de licitación.

    Equimac SA, por el boulevard central de la avenida Honorio Pueyrredón entre Batalla del Pari y Neuquén; la UTE Bricons SAICFI y Emaco SA, por la ampliación del Museo de Arte Moderno y el Museo del Cine Pablo Ducros Hicken; Indaltec, por obras en el Hospital Penna, y Planobra SA, por la fachada del edificio de Rentas de la ciudad, son las otras compañías que recibieron anticipos financieros y de materiales sin que constara por qué. Las cinco –con la Ciudad de la Música– preveían a fines de mayo 131 millones de pesos en inversión y habían recibido a esa fecha 26,4 millones por adelantado del gobierno porteño. Como contrapartida venían muy atrasadas con las obras. La UTE Bricons–Emaco sólo había avanzado un 13,22 por ciento en sus trabajos de ampliación y modernización de los dos museos al 31 de mayo.

    Para Ruanova, esto significa que las empresas “ya no necesitarían capital propio inicial para comenzar la obra, porque el gobierno financiaría a las mismas en forma gratuita y adelantada hasta el 25 por ciento de la obra, lo que repercutiría en que una mayor cantidad de empresas podrían presentarse o subcontratar a otras sin ningún tipo de respaldo”. La lista de constructoras beneficiarias de anticipos al amparo de las resoluciones ministeriales 243 y 276, según un listado de Desarrollo Urbano al que accedió Página/12, son dieciséis: Naku Construcciones, Giro Construcciones, Paleco, Grape Constructora, Caramian, Cunumi, Altote, Mantelectric, Miavasa, Equimac, Salvatori, Instalectro, la UTE Bricons–Emaco, Caputo, Indaltec y Planobra. Algunas tienen adjudicada más de una obra. Y la mayoría son de embellecimiento o maquillaje de la ciudad, trabajos arquitectónicos como los denominados “Oasis Urbanos” o el programa “Prioridad Peatón” (ver aparte). Un 85 por ciento del total, contra apenas un 15 por ciento destinado a obras de ingeniería. Traducido en plata: 300 millones de pesos contra apenas 50.

    Miavasa SA es una de las constructoras que cobró anticipos financieros o de materiales. A esta empresa le decretaron la quiebra el 16 de abril del 2004, pero continúa operando en obras de la ciudad pese a que sus datos más recientes señalan que tiene problemas por alto riesgo de insolvencia con acreedores del sistema financiero. La excepción es el Banco Ciudad, donde según un informe comercial al que tuvo acceso este diario su situación es normal. En un listado del Ministerio de Desarrollo Urbano figura con adjudicaciones en el entorno de la Cancillería, el Instituto Bernasconi, reformas en la avenida Corrientes y la calle Defensa, donde una obra demorada para hacerla peatonal, se transformó en un monumento a la ineficiencia y disparó el malhumor de los vecinos.

    Con dineros públicos parece sencillo comenzar en la construcción. Lo que sigue después es tarea de la patria contratista. La falta de controles facilita que las obras se entreguen sin fecha cierta y por montos sustancialmente más altos de los que fijaban los pliegos.

  • #2
    Respuesta: Ya que me han desafiado vamos a ver quien es Macri

    Continúo sin hacer comentarios ya que solo se me pidió algunas pruebas.

    La inmobiliaria Macri sigue en plena expansión

    Es un negocio de gran escala que implica desalojar a más de 700 familias. La futura corporación se llamará Puerta Norte y tendrá un estatuto para que dure por 99 años.







    Por Werner Pertot
    ”En liquidación”, parecen deletrear las luces de la ciudad de Buenos Aires, vistas desde arriba. El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, envió un proyecto a la Legislatura para crear la Corporación Puerta Norte, que administrará un fideicomiso constituido con el dinero de todos los terrenos que planea vender. Entre ellos, está la traza de la ex AU3, que será saldada previo desalojo de las 700 familias que viven allí (cada lote valdría más de 50 millones de pesos). La corporación existirá durante 99 años y estará facultada para asociarse con privados para comprar y vender terrenos y construir edificios. Los vecinos de las zonas afectadas ya pusieron el grito en el cielo y la oposición denunció un negocio inmobiliario multimillonario, que podrá hacer contrataciones por fuera de los mecanismos de control del Estado porteño.
    La mirada de Macri está fija sobre la traza de la ex AU3 desde que vetó la Ley de Emergencia Habitacional, una norma votada por toda la oposición que suspendía los desalojos. En ese momento, su jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta graficó la política macrista: “Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos”. Por lo menos, no le valió una denuncia ante el Inadi, como le ocurrió a Macri cuando ofreció su visión de los vecinos de la zona: “Empezaron a vender falopa desde ahí y a meterse flacos como aguantadero para el robo”.
    La gestión PRO planea que unas catorce manzanas –que van de Villa Urquiza a Belgrano– sean vendidas para la edificación de viviendas. Es el tramo que va de avenida Congreso a Avenida de Los Incas, entre Donado y Holmberg. Esto implica el desalojo unas setecientas familias que ocupan la traza de la ex AU3. Allí se iba a construir una autopista para unir Núñez con Pompeya, para lo que el intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore expropió las viviendas. Pero nunca se hizo y las casas quedaron abandonadas y fueron ocupadas a lo largo de los años ochenta. La mayoría de las familias viven ahí desde hace veinte años.
    Cuando Macri vetó la ley que detenía los desalojos, se encontró con un fallo judicial que frenó hasta hoy su avanzada. Ante una presentación de un grupo de vecinos y del legislador de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo, la jueza Helena Liberatori dictó una medida cautelar que detuvo el avance silencioso de la gestión PRO. “No se han tomado recaudos acerca de dónde habrían de ser trasladadas las personas a desalojar, sin contemplar qué sucede con los niños”, advirtió Su Señoría en ese fallo. Para la gestión PRO, era tiempo de intentar otro camino.
    Everything must go

    “Desarrollar todo tipo de operaciones inmobiliarias relacionadas con los inmuebles que le transfiera la ciudad o que adquiera por el producto de su actividad.” Ese es el objetivo que Macri fija en el estatuto de la Corporación Puerta Norte. Sus atribuciones no podrían ser más amplias: “Tendrá plena capacidad para, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, comprar, vender, permutar, dar en locación, en leasing, fideicomiso, explotar y administrar bienes urbanos y rurales; licitaciones públicas o privadas, viviendas individuales, y colectivas o ampliaciones, la realización de loteos, fraccionamiento y todas las operaciones sobre inmuebles que regula el régimen de la propiedad común”.
    Macri le fija a su corporación un plazo de existencia de 99 años. La gestión transmitirá los bienes de las trazas de la ex AU3, ex AU5, ex AU7 y ex AU8 a la corporación a través de un fideicomiso. Su directorio tendrá cinco miembros designados por el gobierno porteño. El proyecto de ley de Macri establece que “los miembros del directorio no recibirán retribución alguna por el desempeño de sus funciones en tanto el fideicomiso no genere beneficios”. Deberán entregar, además, una caución de 20 mil pesos “en garantía del buen desempeño de sus funciones”.
    El proyecto de ley autoriza al gobierno porteño a reasignar partidas para crear la corporación y para hacer una transferencia del Presupuesto que sirva para solventar gastos corrientes de esta entidad por seis meses, con una posible prórroga de un año. La corporación podrá, además, recibir donaciones y legados, y “todo otro recurso lícito”. Su capital social inicial será de 600 mil pesos, pero –según las valuaciones actuales de los terrenos que venderá– manejará millones de dólares.
    Macri señala que “la finalidad es realizar actividades comerciales que generen mayores ingresos”. Y asegura que esos fondos serán destinados luego a políticas de vivienda, salud, educación y transporte, aunque no establece cómo. Y hace un auto de fe sobre las ventajas de la gestión privada sobre la pública: la corporación tendrá una “capacidad de actuar en el ámbito del derecho privado, desarrollando actividades comerciales con mayor eficiencia y flexibilidad que la administración central”.
    Página/12 consultó a diversos funcionarios de primera línea del gobierno porteño, que no quisieron hacer comentarios sobre el proyecto. Sí lo defendió el presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura, Cristian Ritondo. “Intenta dotar de agilidad a un tema muy postergado. Y como tenemos en el directorio de la Corporación Sur representantes de la oposición, seguramente los tendremos aquí”, dijo.
    El PRO planea un paso fast track de la ley por la Legislatura: llegará a Obras Públicas y pasaría directo a Presupuesto, sin atravesar las comisiones de Vivienda y Planeamiento, como hubiera ocurrido con el proyecto anterior del macrismo para desalojar a los vecinos.
    Sin control

    “Es un atajo para poder gestionar con controles débiles, porque este tipo de sociedades se rigen por la Ley de Sociedades Comerciales y eluden todas las reglas de la administración pública. Por ejemplo, la ‘ley Michetti’, que es la ley de compras de la ciudad. Tienen la posibilidad de crear sus propios reglamentos. Tampoco aplicaría la ley de obra pública, que hace a la transparencia”, advirtió la auditora general de la ciudad, Paula Oliveto, quien sostuvo que esta práctica ya es común en el macrismo: “En el caso de Corporación del Sur, el régimen de contrataciones es más amplio y con menos controles de lo que implica la ley de compras. En el caso de AUSA, también”. “Si se vende un bien del gobierno sin hacerlo a través de esta corporación, hay que llamar a licitación del Banco Ciudad, aplicar un remate y esto implica muchos controles. No se lo puede vender a cualquiera”, explicó la dirigente de la CC.
    “Bajo el imperio de sus ideas, le preguntaría a Macri si estaría de acuerdo en postergar esto para después del 10 de diciembre”, ironizó el kirchnerista Juan Cabandié. “Así como condicionó el presupuesto para la infraestructura escolar vendiendo las torres de Catalinas Norte, no sorprende que Macri ahora haga esto”, sostuvo. “Me parece un accionar errático, porque venía con un planteo de desalojar a la gente a través de un decreto y una ley. Frenó de golpe y decidió mandar esta nueva ley que muestra la intención final”, analizó Di Filippo, presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura. “A los vecinos por fuera de la traza les decían que iba a ser un emprendimiento donde todos iban a participar. Y en lugar de eso van a hacer esta corporación que tiene un fin claramente inmobiliario”, cuestionó. “Dicen que los directores no iban a cobrar para evitar el gasto político. Y se olvidaron a decir que van a tener una comisión de la ganancia. Es casi un McDonald’s”, graficó.
    El presidente del bloque de Diálogo por Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, sostuvo que “podría haber un mecanismo para obtener votos de algunos diputados cuyos mandatos vencen a fin de año a cambio de cargos en esa corporación”. Por su parte, el legislador de la CTA, Martín Hourest, remarcó que “no es menor lo del fondo fiduciario. Con esos emprendimientos con terceros, están esperando que haya condiciones en el mercado para asociarse con un privado. Y allí la dirección estratégica del territorio la va a marcar el privado, como ocurre en la Corporación Sur, que se convirtió en una inmobiliaria para lavar dinero”.

    http://www.pagina12.com.ar/diario/el...009-09-13.html

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    • #3
      Respuesta: Ya que me han desafiado vamos a ver quien es Macri

      Continúo sin hacer ningun comentario

      Vía libre a la inmobiliaria Macri








      Casi un año después de su presentación por el bloque PRO, ayer la Legislatura porteña aprobó por mayoría el proyecto de ley que le permite al gobierno de Mauricio Macri vender tres valiosos terrenos en Catalinas Norte (en el barrio porteño de Retiro) a un precio tres veces menor que el del mercado. Además, y para concretar definitivamente el negocio inmobiliario, se cambió la zonificación al autorizar la construcción de una megatorre de 130 metros de altura en Córdoba y Alem. Para el diputado de Diálogo por Buenos Aires y principal opositor a la iniciativa del Ejecutivo porteño, Eduardo Epszteyn, “es una clara descapitalización del Estado”.
      La historia inmobiliaria del PRO data de noviembre de 2008. En ese momento, el gobierno porteño envió a la Legislatura dos proyectos de ley para definir un más que rentable negocio para la construcción de torres en el centro de la ciudad. El primero desafecta la actual zonificación de tres terrenos en la manzana definida por las tres avenidas mejor valuadas en el barrio porteño de Retiro: Alem, Córdoba y Madero. El cuarto vértice se completa con el hotel Sheraton. El segundo proyecto multiplica las ganancias, porque permite en la parcela más grande realizar una supertorre de 130 metros de altura.
      La superficie de la futura venta PRO cuenta con casi 15 mil metros cuadrados. El terreno más grande (de 6 mil metros) corresponde a una estación de servicio que alcanza toda la cuadra de Córdoba entre las avenidas Alem y Madero. Con entrada sobre Madero al 1100, los otros dos son estacionamientos entre las torres de las oficinas Catalinas Norte y tienen una superficie de casi 5 mil y 4 mil metros cuadrados, respectivamente. Hace algunos años, la manzana en disputa fue objeto de un cuidadoso planeamiento urbano y los tres lotes públicos fueron destinados a usos abiertos de baja altura: “La guarda de automóviles y las instalaciones complementarias de ese uso principal, tales como una estación de servicio”, explicó Epszteyn.
      Sin embargo, el proyecto de ley 2454 (el primero en ser presentado en la Legislatura) deshizo por completo esta lógica y buscó la venta por subasta pública para que lo recaudado por el gobierno porteño se destinara a la cartera educativa. Es decir, “a las obras nuevas que se inicien a partir del ejercicio fiscal 2009”. Gracias a una reunión intercomisiones y a los votos de parte de los legisladores de FpV, el macrismo logró el 14 de mayo último aprobar la primera lectura del proyecto.
      El 3 de julio iba a realizarse en la Legislatura la segunda audiencia pública, como paso obligado para la venta de los tres terrenos en Catalinas. No obstante, Epszteyn interpuso un recurso de amparo en la Justicia porteña y demoró por un par de meses el tratamiento legislativo. El diputado argumentó (y la Justicia ratificó) que el llamado a audiencia “ocultaba información”, con la que se evitaba en el debate “la real participación de los vecinos”.
      De todas maneras, ayer se aprobó por mayoría (PRO y del bloque de FpV) el proyecto de ley 2874 (el segundo), que modifica el Código de Planeamiento citadino y crea un nuevo uso y reglamento para los terrenos. El negocio para el futuro comprador de los lotes es que en el documento PRO se indica que los edificios a construir “tendrán una altura mínima de 73 metros”. La nueva distancia reglamentada obliga entonces a superar la edificación actual, al tiempo que crea una renta extra: para los dos terrenos sobre Madero, el máximo permitido es de 110 y para el de Córdoba, 130. Un total de 41.500, 44.500 y 61.000 metros cuadrados, respectivamente, además de tres subsuelos para estacionamientos y servicios.
      También, el proyecto aprobado sostiene que cada edificio puede tener una recova de hasta seis metros de altura que no se contará en el metraje autorizado. Todo podrá obtenerse con una módica suma: mientras el Banco Ciudad los tasó a 70 millones de dólares, según el valor del mercado, una vez construidas las tres torres tendrían un valor de no menos de 500 millones de dólares.
      Tras la sesión, Epszteyn argumentó que “esta ley está hecha con un criterio autoritario, porque ofende y niega todas las normas existentes: los lineamientos estratégicos del Plan Urbano Ambiental establecen controlar la construcción de edificios, desestimar el acceso de vehículos privados al área central y revitalizar la zona sur”.

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      • #4
        Respuesta: Ya que me han desafiado vamos a ver quien es Macri

        En un momento el gobierno de Macri intentò cerrar el Hospital Rivadavia y venderlo, adivinen para que? lo dejo a librado a la rica imaginación de nuestros distinguidos foristas.


        http://www.youtube.com/watch?feature...&v=e-7eYDL0B0I

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        • #5
          Respuesta: Ya que me han desafiado vamos a ver quien es Macri

          Por Eduardo Videla La incertidumbre sobre la situación de los hospitales psiquiátricos porteños derivó esta semana en la renuncia de la principal responsable del área en el Ministerio de Salud, la médica psiquiatra Lucía Quiroga, hasta ahora directora de Salud Mental de la ciudad. Hace catorce meses, Mauricio Macri anunció el cierre de los hospitales Borda y Moyano y la creación, en su reemplazo, de diez centros de internación en distintos puntos de la ciudad. También se propuso la creación de doce hospitales de día y casas de medio camino. Pero transcurrido más de un año, sólo se avanzó en la licitación de los nuevos centros de internación, lo que da pie a las sospechas sobre un posible vaciamiento de los hospitales monovalentes, como el Borda y el Moyano. Ninguna de esas políticas fueron consultadas con la responsable del área, la doctora Quiroga, que ahora optó por renunciar, ni con el Consejo de Salud Mental. “Hay una gran confusión. El ministro ha dicho que los hospitales no se van a cerrar, pero yo quisiera que el jefe de Gobierno lo deje en claro, porque él no se ha pronunciado”, dijo Quiroga a Página/12. La idea que se generalizó después de aquel anuncio de Macri es que detrás del cierre se esconde un ambicioso proyecto inmobiliario en los amplios terrenos de Barracas donde se emplazan el Borda y el Moyano.
          Quiroga presentó su renuncia el 1º de junio último, pero aceptó quedarse hasta fin de este mes, hasta que sea designado su reeemplazante. Había asumido en febrero de 2008, al comienzo de la gestión, y resolvió abandonar el cargo ya que “no era consultada sobre las políticas del sector”. El área ya había sido devaluada con su degradación de dirección general a dirección adjunta al asumir el ministro de Salud, Jorge Lemus.
          En los últimos días, numerosos indicios volvieron a alimentar la idea de un posible vaciamiento de los hospitales psiquiátricos. Es el caso del Borda, ha finalizado la obra de refacción del pabellón Amable Jones, un edificio histórico del siglo XIX, pero no se produce la entrega de la obra, “demorando la posibilidad de mejorar la calidad de alojamiento de pacientes y de locación de las tareas asistenciales”, advierte el médico José María Martínez Ferreti, de la Comisión Multisectorial del Borda y el Moyano y de la filial de la Asociación de Médicos Municipales. Los médicos denuncian además que ese pabellón, aún sin uso, “ha sido trasladado administrativamente del Ministerio de Salud al de Desarrollo Social, como claro signo de desarticulación del hospital”, sostiene Martínez Ferreti, quien además es jefe de Internación de Corto Plazo de Mujeres del Borda.
          Mientras tanto, el Pabellón Central del Borda, que aloja a unos 500 pacientes y áreas de rehabilitación y ambulatorias, podría quedar al borde de la evacuación, ya que está demorada la realización de una reparación de la red de gas del edificio. Los médicos aclaran que “el dinero para reformar a nuevo ese pabellón ya entró a la ciudad por un crédito del BID, y ya se hizo la adjudicación de la obra, pero nunca se iniciaron los trabajos”.
          Un panorama similar se presenta en el Hospital Alvear, especializado en emergencias psiquiátricas: la Asociación de Profesionales declaró el “estado de alerta y movilización” y de “asamblea permanente”, ante la comunicación oficial de que se cortará el suministro de gas desde el 22 de este mes –un día después del inicio del invierno– y por 150 días. Esa medida “dejará sin calefacción, agua caliente y cocina a pacientes y personal del hospital”. En ese centro asistencial está demorada la construcción de una nueva sala para adolescentes.
          El riesgo de desalojo de los hospitales psiquiátricos recuerda lo ocurrido en 2006, cuando a partir de una denuncia de la entonces diputada macrista Soledad Acuña fueron evacuadas unas 300 pacientes del Hospital Moyano, por problemas edilicios, y derivadas a clínicas privadas. A más de tres años de esa situación, cuando Acuña es subsecretaria de Promoción Social, cien pacientes todavía siguen alojadas en el sector privado.
          “El posible cierre del Borda y el Moyano no quedó fuera de la agenda”, dijo a Página/12 la diputada Alicia Bello, presidenta de la Comisión de Salud Mental de la Legislatura porteña, para explicar la incertidumbre. La legisladora del Frente para la Victoria advierte que las demoras en las obras del Borda “forman parte de una tendencia a vaciar el hospital”. “Mientras tanto, el gobierno no ha cumplido con la ley 448 de Salud Mental, que dispone la construcción de salas de internación para pacientes psiquiátricos en los hospitales generales”, observó Bello.
          En ese contexto, Marcelo Frondizi, de ATE, recuerda el proyecto del macrismo para impulsar en los terrenos de los hospitales Borda y Moyano “un centro cívico y un emprendimiento inmobiliario”.

          http://www.pagina12.com.ar/diario/el...009-06-06.html

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          • #6
            Respuesta: Ya que me han desafiado vamos a ver quien es Macri

            10:37 | 09/09/2011
            Finalmente se supo en que terrenos se construirá la nueva sede del gobierno porteño

            Mauricio Macri y María Eugenia Vidal anunciaron los lugares donde funcionarán los nuevos edificios porteños.

            Mauricio Macri anunció la construcción de un edificio en Barracas donde funcionarán la Jefatura y cinco ministerios. En 2008, había presentado un proyecto similar, que implicaba el cierre del hospital neuropsiquiátrico Borda y del Moyano.



            En la conferencia de prensa no brindó detalles en que terrenos se construiría el nuevo Centro Cívico. Si bien, el proyecto se basa en la revitalización de la zona sur de la Ciudad y se supone impulsará los valores inmobiliarios en el barrio de Barracas. Por otro lado ya son muchos los que piensan que también correrá el eje político hacia un lugar sustancialmente menos visible. Así mismo, aunque la administración PRO lo niega rotundamente, la cercanía inmediata del emplazamiento con los hospitales Borda y Moyano, despertó suspicacias en torno a las consabidas pretensiones sobre esos terrenos. Para mas detalles, el nuevo edificio de 50 mil metros cuadrados se levantará en un predio sobre la Avenida Amancio Alcorta y Perdriel, en el área del llamado Distrito Gubernamental. Tendrá un tiempo de obra de dos años y medio y un costo estimado de 250 millones de pesos. Según prometió el gobierno porteño, la nueva sede se financiará con la venta del Edificio del Plata, de Carlos Pellegrini 211, cuya subasta pública debe aprobarse en la Legislatura. Para el diseño se convocará, en las próximas semanas, a un concurso a cargo de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA). Esta entidad ya había participado de un concurso similar para el entonces llamado “Parque Cívico, en 2008. En aquella oportunidad, el proyecto ganador se ocupó de planificar una obra sobre la totalidad de las 37 hectáreas del predio, ocupadas, entre otros edificios, por los hospitales neuropsiquiátricos José T. Borda y Braulio Moyano y el ex hospital Rawson. “Ese proyecto caducó, este es superador”, aclaró Sergio Levit, vocero del Ministerio de Desarrollo Urbano, e inmediatamente aseguró: “No se van a tocar ni el Borda ni el Moyano”. Esa dependencia distribuyó un dossier de prensa donde se detalla la “primera etapa” de la obra, en las parcelas 1, 2 y 3 de la manzana 16-023, sobre la Avenida Amancio Alcorta. Las dos primeras serán ocupadas por la construcción, y la 3, donde actualmente hay un edificio carcelario en desuso, contendrá un espacio verde que dará a los fondos del Borda. Según Levit, “Las administraciones anteriores dieron pasos en este sentido. Esta es la fase final de un plan que viene de antes. En esto hay acuerdo de todos los sectores políticos”, Si bien es cierto. Que la mayoría de los representantes de la oposición porteña dijeron estar de acuerdo con revalorizar el sur con este proyecto, que efectivamente estuvo en las agendas de De la Rúa, Ibarra y Telerman, el legislador de Diálogo por Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, que integra las comisiones de Planeamiento Urbano y Obras y Servicios Públicos, objetó, sin embargo, la forma en que se propone el llamado a concurso y licitación. Para el legislador “Está previsto que se presenten proyectos de diseño con el costo incluido. La SCA va a analizar los que le parecen buenos. Después, el gobierno abrirá los sobres de los precios. Hay un componente de subjetivad a la hora de elegir el constructor: me parece poco claro y poco transparente. La licitación debe darse al que mejor oferte para construir ese modelo.” Epszteyn observó también que por un lado “se hagan construcciones modernas y por el otro se sigan deteriorando los hospitales. El Borda estuvo meses sin gas. No me parece mal ir al sur. Ahora, ya que se va a hacer una obra de esa magnitud, se debería también mejorar la infraestructura sanitaria.” El proyecto oficial anunciado por Macri asegura que el Centro Cívico refleja la voluntad y la acción de equilibrar territorial y simbólicamente la ciudad. Generará “nuevos empleos” y conectará las interzonas urbanas, para lo cual se prevé adecuar las “condiciones del transporte público”, pero también significará para el macrismo alejar el conflicto político de la escena del microcentro: una manera de invisibilizar cualquier protesta en su contra.

            http://www.elmensajerodiario.com.ar/...teo_13334.html

            http://www.pagina12.com.ar/diario/so...011-09-08.html

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            • #7
              Respuesta: Ya que me han desafiado vamos a ver quien es Macri

              Un expediente autodestruido

              El Registro de Obras y Catastro dice que el trámite para construir en el edificio, ubicado en área protegida, está en un subsuelo inundado y fue “completamente destruido”. El presunto infractor es Fabio Calcaterra, primo y vecino de Macri.







              Por Eduardo Videla
              En la Legislatura porteña quieren saber si en el edificio al que se va a mudar el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, uno de los vecinos realizó una construcción ilegal. Pero por ahora les será imposible acceder a la información, ya que el expediente por el que se debería tramitar el permiso para la construcción se encuentra en un sector inundado del ex Mercado del Plata y está “completamente destruido”, según se justifica por escrito un funcionario de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro de la Ciudad.
              El edificio en cuestión es el ubicado en Mariscal Ramón Castilla al 2800 y el vecino responsable de la edificación cuestionada es Fabio Calcaterra, primo del jefe de Gobierno. Este hombre ha construido un departamento en la terraza, sin autorización municipal y a contramano de las normas municipales de protección para esa zona, tal como informó Página/12 el 3 de mayo último.
              “Es altamente sospechoso que se pierda un expediente que compromete al propio jefe de Gobierno. Esto crea una nueva sospecha sobre la gestión de Macri, que puede llegar a terminar como la de Carlos Grosso”, enfatizó el diputado Eduardo Epszteyn, presidente del bloque Diálogo por Buenos Aires, quien recibió en su despacho la respuesta oficial.
              “Los únicos datos que se pueden aportar en relación con lo solicitado es que para la finca del motivo tramitó un aviso de obra iniciado por el señor Fabio Calcaterra”, dice la nota firmada por Guillermo García Fahler, director del área. El texto remite al informe que brinda José Luis Alfonsín García, jefe de la Mesa de Entradas de esa dirección, quien afirma que el expediente se encuentra “en el tercer subsuelo del archivo Del Plata, sito en este edificio”, el cual “se encuentra en situación edilicia grave, donde faltan condiciones de seguridad e higiene, por lo que este sector estima que el personal a cargo corre riesgos físicos, ya que su paso se torna intransitable y las actuaciones que datan en ese sector se encuentran completamente destruidas”.
              Fabio Calcaterra es el dueño del dúplex en los pisos 11 y 12 B y quien construyó sobre la terraza del 12º una suerte de sala o quincho de mampostería, con techo de paneles metálicos, de unos 60 metros cuadrados. Calcaterra era, además, el dueño del piso 10º, el que ahora compró su primo Mauricio. En el mismo edificio, pero en el piso 9º, vive Angelo Calcaterra, hermano de Fabio. Los dos hermanos son hijos de Pía Macri –la hermana de Franco y Antonio– y de Antonio Calcaterra.
              Angelo y Fabio son, respectivamente, presidente y vice de la empresa Iecsa, la constructora de la que Macri se desprendió antes de la campaña para ser electo jefe de Gobierno. La firma es contratista del Estado porteño en importantes construcciones, como la del aliviador del arroyo Maldonado.
              El edificio fue construido en la década del ’80 por el arquitecto Carlos Libedinsky, quien vive en el mismo edificio. Está ubicado sobre la calle Mariscal Ramón Castilla, entre Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta. La construcción está emplazada en un Area de Protección Histórica (APH) y existe un proyecto para catalogarla como edificio protegido por su valor arquitectónico.
              La primera denuncia fue realizada en abril del año pasado por una asociación civil, con copia al jefe de Gobierno, sus ministros de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, y de Seguridad, Guillermo Montenegro –de quienes dependen las áreas de aprobación de obras y control–, y al fiscal general Germán Garavano. La legisladora (mandato cumplido) Teresa de Anchorena (Coalición Cívica) pidió además para éste y otros cien edificios su inclusión en un catálogo de protección por ser producto del movimiento de arquitectura moderna.
              A principios de febrero de este año, la arquitecta Laura Weber, asesora del defensor adjunto del Pueblo Gerardo Gómez Coronado, presentó otro pedido de información. La funcionaria le pidió al director de Fiscalización y Control de Obras de la Ciudad una “inspección urgente al inmueble sito en Ramón Castilla 2869/71, emplazado en el distrito APH3, en el que actualmente se está haciendo una obra sin permiso”.
              A esas presentaciones se sumaron un pedido de informes de Teresa de Anchorena, en julio del año pasado. Y una presentación similar de Epszteyn. El legislador quiere saber si el Poder Ejecutivo tiene conocimiento de la realización de esa obra, “si se le dio intervención a la Dirección General de Interpretación Urbanística, dado que la obra en cuestión está ubicada en el área de protección histórica APH3 y se trata de una obra de demolición y construcción, en un edificio listado en el proyecto de ley de catalogación de edificios de Arquitectura Moderna, en tratamiento legislativo”.
              Desde la Dirección de Fiscalización y Control de Obras informaron en su momento que en abril “se realizó una inspección en el lugar y se detectó que no había una obra nueva sino una reforma”.
              Antes de mudarse, Macri ordenó la instalación de un carril y un semáforo para doblar a la izquierda sobre la Avenida del Libertador a la altura de Ramón Castilla, una calle de apenas 200 metros.
              Macri vive a unas cuadras de allí, en Ortiz de Ocampo al 3100. Pero decidió mudarse a partir de su reciente relación de pareja con la empresaria del rubro indumentaria Juliana Awada. Su nuevo piso tiene unos 300 metros cuadrados, y está siendo remodelado y pintado para recibir a su nuevo dueño.
              La posible ilegalidad de la obra le crea un dilema al jefe de Gobierno, futuro integrante del consorcio. Es que si bien ninguno de los vecinos presentó una denuncia, muchos creen que edificar sin permiso constituye un mal antecedente: si se convalida esta construcción, cualquiera quedaría habilitado para hacer una reforma sin pedir permiso, mediante la mera notificación del inicio de obra. En definitiva, si la construcción es ilegal, el Ejecutivo debería ordenar su demolición.

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              http://www.pagina12.com.ar/diario/el...010-06-22.html

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              • #8
                Respuesta: Ya que me han desafiado vamos a ver quien es Macri

                21 / 07 / 2003

                Investigacion

                Macri: el nombre del juego

                LA HISTORIA DE UN AMBICIOSO CORRUPTO

                Si Mauricio Macri se convierte en el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se hará realidad una frase que se exhibe en los negocios donde prevalece el trato fraternal con los clientes: "Atendido por sus propios dueños".

                Al día de hoy, y sólo a través de un puñado de las más de 30 empresas que componen el holding familiar, Macri tiene negocios con el gobierno porteño por un valor anual que supera largamente los 100 millones de pesos. Es decir que si gana será patrón de sí mismo.
                En ese caso se daría la contradicción de que velaría por los intereses del Estado, que se beneficia con él.

                Un breve repaso sobre los actuales negocios de Socma –Sociedad Macri de la cual Mauricio es el vicepresidente– con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires revela hasta qué punto podría existir un choque de intereses privados y públicos.
                O dicho de otro modo: cuántas razones tiene Mauricio para querer manejar el Gobierno de la Ciudad.
                A través de Intron –en la actualidad 60 por ciento de Siemens y 40 por ciento de Socma–, el holding accedió, durante la intendencia de Carlos Grosso, al negocio de la administración de los recursos del Gobierno de la Ciudad.
                Lo hace a través de UTE-Rentas.
                La empresa emite, entre otras cosas, las facturas de ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) y del impuesto automotor.
                El contrato es de 10 millones de pesos anuales. También a través de Intron maneja una de las dos empresas de control fotográfico de vehículos.
                La licitación es por cinco años. La facturación promedio, cuando se licitó, fue estimada en 5 millones de pesos.
                Dentro de Socma, Intron forma parte de una especie de subholding que también integran SEPSA y Sistemas Catastrales. A través de esta última maneja la detección de infracciones en obras y se ocupa de fiscalizar la construcción de edificios y las ampliaciones no declaradas en viviendas. También la aprobación de planos. Se trata de un contrato por 20 años, firmado también durante la intendencia de Grosso.
                SEPSA, más conocida como Pago Fácil, fue contratada por el Banco Ciudad para el cobro de impuestos. Su facturación promedia los 4 millones de pesos anuales. El Banco Ciudad le paga a la empresa de Macri un peso por boleta. IECSA es una empresa especializada en ingeniería en construcciones.
                La firma se presentó en dos licitaciones sobre las cuales ya pasó los requerimientos técnicos. Se está a la espera de la apertura del sobre número 2, es decir, el que tiene la oferta monetaria.
                Una de las licitaciones, por 70 millones de dólares, es para la construcción de los denominados "reservorios", a través de los cuales Aníbal Ibarra espera mitigar las inundaciones en la ciudad. La otra es por 22 millones de dólares para construir a nuevo la Casa Cuna. El Correo Argentino se presenta en todas las licitaciones a las que llama el gobierno porteño. En la última estuvo a punto de adjudicarse la entrega domiciliaria de las facturas de rentas. Finalmente el servicio quedó en manos de OCA, su principal competidora. Este negocio, de 10,5 millones de dólares anuales, se renueva cada dos años. A través de la empresa FAX S.A., el grupo controlaba gran parte de la inversión publicitaria.
                Hasta el 2000, año en que fue vendida a la empresa española Carat, formaba parte de Socma Americana S.A. Es decir, del mismo subholding en el que Mauricio figura, aún hoy, como vicepresidente.
                Manliba es la empresa de recolección de residuos que perdió la última licitación convocada por Fernando de la Rúa cuando este estaba a cargo del Ejecutivo porteño.

                A través de esta firma, Franco Macri se alzó, en 1979, con una de las pocas y más suculentas privatizaciones dispuestas por el gobierno militar. El convenio inicial entre la municipalidad y Manliba fue por cinco años, renovables automáticamente por otros cinco.
                Pero esta concesión terminó en un verdadero escándalo cuando la intendencia del radical Julio Saguier quiso aplicarle el 16 por ciento de desagio, mecanismo que se aplicó con el Plan Austral. La empresa protestó porque consideraba que no se debía aplicar este descuento.
                El litigio entre Macri y la intendencia se prolongó hasta que el menemista Carlos Grosso llegó al gobierno y el litigio se dirimió a favor de Manliba.
                La llegada de Grosso a la intendencia fue una bisagra para los negocios de don Franco y su hijo Mauricio. Grosso no sólo fue escondido por la familia Macri cuando era perseguido por los grupos de tareas de la dictadura militar por su militancia en Montoneros, sino que también fue nombrado directivo de Socma.
                Macri, desde sus empresas, realizó contrabando, es el "dueño" de las autopistas más caras del mundo, compró el correo en una oscura licitación, NO paga el canon estipulado, y pretende presentarse en convocatoria de acreedores.

                Como dirigente de fútbol, mal vendió a los pocos jugadores de éxito que tenia el club. Ej: Riquelme, lo dejó estar hasta que lo vendió a la mitad de lo que podría haberlo hecho, Palermo, es otro caso igual o peor. El y sus "socios" son dueños del 90% de los jugadores de las inferiores, Boca los mantiene, les enseña, será la vidriera nacional e internacional, y si alguna vez los vende....Macri cobrará la parte del león.
                http://www.periodicotribuna.com.ar/1...del-juego.html



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                • #9
                  Respuesta: Ya que me han desafiado vamos a ver quien es Macri

                  Wow! brillante! Ha quedado probada la intencionalidad de Macri.
                  Quién se animará a esgrimir una defensa del ingeniero después de semejante contundencia documental?

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                  • #10
                    Respuesta: Ya que me han desafiado vamos a ver quien es Macri

                    ¿pero son fuentes independientes o antimacristas?

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                    • #11
                      Respuesta: Ya que me han desafiado vamos a ver quien es Macri

                      Estimado para postear esto, hacete un blog.
                      saludos
                      toronja

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